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El Gobierno nacional y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), instalaron este 5 y 6 de noviembre en Acandí y Riosucio los dos primeros grupos municipales de trabajo por la paz territorial. Estas instancias buscan articular acciones para la transformación del territorio y el desescalamiento de las violencias.
Los grupos, integrados por autoridades locales, organizaciones campesinas, de mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes, población LGBTIQ+, empresarios, medios comunitarios y sectores culturales, trabajarán junto a delegaciones del Gobierno y el EGC.
También estarán entidades nacionales como el ICBF, el SENA, el IGAC y los ministerios de Agricultura, Educación y Ambiente. El objetivo es fortalecer la presencia del Estado Social de Derecho en municipios históricamente excluidos.
Águeda Plata, delegada del Gobierno en el proceso, destacó que más que grupos, “son equipos participativos con toda la fuerza plural de los territorios para dinamizar el cumplimiento del acuerdo de Doha”, y subrayó que “la gente quiere la paz y vivir tranquila; está expectante frente a todo lo nuevo que trae este proceso”.
Durante los encuentros, las instituciones presentaron acciones orientadas a la protección integral de la niñez, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la justicia ambiental, el control de la migración irregular y la acción contra minas antipersonal.
Estos son los dos primeros de cinco grupos municipales que se conformarán en las regiones priorizadas, un paso que el Gobierno considera una muestra concreta de su compromiso con la paz territorial y con la implementación de los acuerdos alcanzados en Doha.
La instalación de estos grupos coincide con un momento clave para el Chocó: las comunidades de la cuenca del río Atrato acudirán este mes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la persistente violencia del Clan del Golfo y la ausencia del Estado en la región, en una audiencia que busca visibilizar los riesgos y exigir garantías reales de protección y participación en los procesos de paz.
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